Muchos , suponen, naturalizándolo en extremo, que existen dos partidos: uno neutral, que incluye alguna víctima casual, y otro de “demonios del mal” (el de quienes fuimos delincuentes terroristas subversivos y/o sus familiares, que son inocentes, pero…). Uno es de quienes recomiendan perdonar y olvidar, pues sólo se trató de errores y excesos, asuntos individuales en definitiva; el otro está formado por quienes nos negamos al reparador olvido a causa de resentimientos pertinaces e inconfesables. Uno considera el pasado pisado… los argentinos éramos entonces “derechos y humanos”, y si algo “les” sucedió, algo habrían hecho u -otra posibilidad-, fueron víctimas inocentes de algún error o desvarío personal. El otro, formado por quienes procuran hacer del testimonio una puesta a la orden del día de acontecimientos decisivos que supusieron para los y las argentinos, no sólo para nosotros y nosotras, una transformación radical en las condiciones de vida.

Otro tópico común es el del “espíritu de venganza” que recorrería los juicios por Verdad y Justicia. Curiosamente, en 34 años, ningún familiar de detenidos/as desaparecidos/as por causas políticas atentó contra la vida de ninguno de los/las verdugos. Tampoco lo hemos hecho las miles de personas que a lo largo y a lo ancho del país militamos en defensa de los derechos humanos por razones hondamente políticas. Por el contrario, Jorge Julio López fue desaparecido por segunda vez el 18 de septiembre de 2006 tras declarar en los juicios por Verdad y Justicia. Aún no sabemos de su paradero. Silvia Suppo fue asesinada el 29 de marzo de 2010. Fue testigo en la causa Brussa. En esa causa, Silvia puso en palabras la violación sistemática como forma de tortura en los centros de detención y las cárceles de la dictadura militar.
Sobrevivir y testimoniar. El golpe militar precipitado el 24 de marzo de 1976 fue la clase de acontecimiento que dejan huellas duraderas para el conjunto de la sociedad: no sólo se trató de cambios económicos y sociales profundos, no sólo del corte -que no fue uno más- producido en la vida institucional del país, con suspensión de todas las garantías constitucionales, sino de un feroz genocidio protagonizado por quienes, en nombre de la Patria, se convirtieron en amos del Estado y señores de la muerte: 30.000 mujeres y varones detenidos-desaparecidos, entre los cuales se encuentran 800 adolescentes de entre 11 y 19 años, mujeres embarazadas, alrededor de 500 niños y niñas secuestrados o nacidos en cautiverio y apropiados por quienes los consideraban botín de guerra; unas 10.000 personas prisioneras por razones políticas en las cárceles de La Plata, Coronda, Rawson, Caseros, Sierra Chica, Resistencia, Córdoba, Olmos y Villa Devoto; unas 40.000 personas exiliadas, según datos del Comité Intergubernamental para las Migraciones.

Si es indudable que el golpe de 1976 produjo una transformación en las condiciones de vida de los y las argentinas, capaz de dejar una huella duradera, por así decir, “inolvidable”, entre el acontecimiento y el testimonio sobre lo acontecido no existe una relación causal. Quien testimonia podría no hacerlo, podría no hablar. Y sin embargo, a más de 30 años del golpe de Estado, en el marco de los juicios por Verdad y Justicia, muchos y muchas sujetos eligen poner palabra a lo sucedido, hablar, hablar. Lo hacen desde posiciones en el campo político y social, desde las huellas que esos acontecimientos dejaron un sus cuerpos y sus vidas, desde los afectos y las experiencias dolorosamente atravesadas. Desde su singularidad. Tal ha sucedido hasta ahora en Mendoza.

Los juicios por la Verdad y la Justicia en la ciudad de Mendoza fueron precedidos por los de San Rafael –departamento del sur provincial-. El 25 de noviembre, el Tribunal Oral Federal Nº 1 que entiende en la causa, presidido por el Juez González Macías y acompañado por los jueces Cortés y Piña, escuchó la palabra de Fernando Rule.

Rule, militante montonero y sindicalista, fue apresado en febrero de 1976 por una patota y arrojado en el D2 –instalación policial- junto con su compañera de entonces, Silvia Ontivero.

Fernando, el primero de los testigos en poner palabra a los delitos cometidos por los represores, habló de la tortura y también del carácter sistemático de las violaciones cometidas contra las mujeres. Veinte diarias, calcula, llevadas a cabo por todos los policías del Centro Clandestino de Detención.

Las audiencias se sucedieron: el 30 de noviembre declaró Isabel Figueroa de De Marinis y Silvia Ontivero, el 2 de diciembre Sara Gutiérrez y Mariú Carrera, el 7 del mismo mes Alicia Morales, el 9 de diciembre Rosa Gómez, el 14 Roque Luna, el 16 David Blanco y el 21 Pablo Seydell.

Cada uno, cada una, puso en juego en su testimonio la singularidad de su situación, la especificidad de su experiencia. Ninguna neutralidad, ningún individuo aislado tampoco, sujetos encarnados, marcados por las condiciones en las que en ese momento decisivo de sus vidas hicieron esa experiencia, por los avatares que luego fueron inscribiendo distintas marcas desde las cuales rememoran.

Es el presente el que impronta la forma de recordar ese pasado acontecido, en muchos casos, 34 años atrás. A los 90 años hablaba Isabel, madre de Lila, abuela de Lisandro, el bebé de 4 meses hijo de Lila y su compañero, Horacio Basterra, que se hallaba con su madre en el momento de su secuestro. Isabel, sostenida por sus años de militancia en derechos humanos. Ningún aislamiento, ninguna neutralidad, su historia personal y política jugada en ese momento en que Isabel tomaba la palabra.

Isabel pedía justicia por su hija, de la misma manera que Sara Gutiérrez testimoniaba, asumiendo la palabra por las/los integrantes de su familia que, antes que ella, buscaron a Juan, su hermano de 22 años y a su amiga, la peruana María Luisa Alvarado Cruz. Cuando su hermano fue secuestrado por la policía en Godoy Cruz era septiembre de 1976 y Sara tenía 13 años.

La joven Sara comprendería a lo largo de muchos años la relación entre la desaparición de su hermano y la militancia política, algo que percibían claramente otras de las testigos: Mariú Carrera, compañera de Juan Bravo, hermana de Marcelo Carrera, cuñada de Adriana Bonoldi, todos detenidos-desaparecidos/as. También es tía del bebé nacido en cautiverio que Mariú aún busca.

Alicia Morales, esposa de José Galamba, detenido-desaparecido y compañera de infortunio de María Luisa Sánchez, era esposa del también desaparecido Jorge Vargas. Su hijita de 5 años se suicidaría después de haber visto a su padre torturado y de haber sido manoseada por integrantes de las fuerzas policiales. Silvia Ontivero, secuestrada con Fernando Rule y por entonces militante sindical, fue apresada por la patota y secuestrada con su hijito de 4 años, Alejo Hunau.

Ni tan siquiera los recorridos de estas mujeres de edades similares se asemejan. Morales y Ontivero estuvieron presas durante largos años, igual que Rosa Gómez, cuyo único antecedente político era ser la compañera del sindicalista bancario Ricardo Sánchez Coronel. Mariú Carrera, en cambio, conservó la libertad. En tiempos de la dictadura ella y muchos familiares hicieron el peregrinaje por iglesias, comisarías, dependencias del ejército y juzgados preguntando por los suyos/los nuestros, construyendo desde entonces, lenta y trabajosamente, los lazos de solidaridad que nos ligan en los organismos de derechos humanos.

Ningún individuo aislado. Ninguna neutralidad. Las personas involucradas en los juicios por delitos de lesa humanidad son sujetos sociales, los unos y los otros: torturadores y víctimas, testigos y jueces, familiares de torturadores y familiares de desaparecidos y desaparecidas, militantes de derechos humanos. Cada uno, cada una de nosotras forma parte de algo más que una novela policial de destinos individuales, asesinos seriales, rencores inexplicables, delitos tipificables por el código penal, resentimientos de 34 años, espíritu de venganza.

Las condiciones que hicieron posible esos delitos, esas torturas, esas violaciones no son individuales, no son policíacas, ni producto de errores, excesos, ni enfermedades mentales. Los delitos cometidos no son delitos comunes, sino delitos imprescriptibles, delitos de lesa humanidad.
Las violaciones a detenidas y detenidos como delito de lesa humanidad. De los testimonios escuchados en las audiencias se desprende que el trato al que fueron sometidas las personas apresadas por las fuerzas de seguridad incluyó la degradación, el hambreo, el hacinamiento, la tortura y la violación, aplicada sistemáticamente sobre mujeres y varones.

Con particular saña, los carceleros violaron y torturaron mujeres más frecuentemente, pero también sometieron a violación a los varones colocándolos con ello en lugares vulnerabilizados.

Las violaciones fueron cometidas por todos, de la misma manera que todos fusilaron, torturaron, interrogaron. Sabían lo que sucedía, cómplices y ejecutores de un plan sistemático de exterminio de la subversión enemiga. Ensangrentaron al país con el justificativo de que quienes eran considerados como enemigos eran menos que humanos, terroristas apátridas.

Si la tortura es sabida, las violaciones han ido tomando estado público tímidamente, de a poco. En Santa Fe a través de la palabra de la asesinada Silvia Suppo; en Mendoza en las declaraciones de Silvia Ontivero, quien fuera brutalmente torturada y violada. Serena, Silvia relató en forma descarnada los vejámenes a los que fue sometida una y otra vez por los policías violadores. Habrían sido unos veinte: “eran distintos olores, distintos cuerpos, distintas voces”, dijo.
Rosa Gómez contó que después de un mes dejaron de aplicarle golpes y picana, pero fue violada desde el primero hasta el último día durante su permanencia en el D2.

David Blanco hizo expresa referencia a los ataques sexuales sufridos por los varones, al ensañamiento con los genitales y el ano, a la ferocidad con que fue tratado, que lo hacía, en sus palabras, “desear la propia muerte”.

Silvia, Rosa, Alicia, Fernando, David hablaron de torturas y violaciones ¿Individuales? ¿Casuales? ¿Delitos privados contra la honestidad o delitos de lesa humanidad? ¿No tejió la violación sistemática el mismo tipo de pacto de silencio entre torturadores y violadores que la tortura “común”? ¿Cómo distinguir el picaneo de la violación? ¿Por qué suena razonable suponer que, mientras la tortura y los tratos crueles constituyen delitos de lesa humanidad, las violaciones no son sino delitos de índole privada?
La violencia sexual es una experiencia de violencia extrema cuyas víctimas habitualmente son mujeres, o varones ubicados en posiciones de subalternidad o a los que se desea “feminizar”, por así decir. Estos ataques a la integridad corporal en contextos de prisión política y de tortura han sido invisibilizados a menudo. Ello es posible debido a que la culpa y la estigmatización por lo sucedido recaen, paradojalmente, sobre las personas afectadas y no sobre sus ejecutores.
Para decirlo brevemente: si tales actos son posibles en condiciones históricas y sociales precisas, la interpretación de lo sucedido no escapa a las marcas sociales y culturales existentes en las sociedades en las que tales actos se perpetran.

En sociedades patriarcales como la nuestra, los cuerpos de las mujeres son significados como propiedad de algún varón, padre, patrón o marido, y como un medio para sus fines: placer, procreación, violencia, explotación, prostitución, acoso, abuso. Sólo un deseo parece poblar el imaginario social: el masculino. Sólo un sujeto activo, el varón, que no puede sino ser heterosexual.

De allí que en la competencia entre machos poseedores, los raptos, apropiaciones, esclavizaciones, violaciones masivas de “las mujeres del enemigo”, hayan sido parte de la historia siempre repetida de la saga de “varones guerreros” y “mujeres reproductoras”. Ningún lugar para lo considerado “anormal”.

Nada muy distinto sucedió en Argentina. Sin embargo, es preciso aclarar, no hubo “ejércitos”, ni guerra de ningún tipo, sino secuestros perpetrados por agentes del Estado que, violando todos los derechos de las personas, las sometieron a prisión sin que mediara procedimiento legal alguno y perpetraron contra ellas y ellos -aún niños y niñas, adolescentes y mujeres embarazadas-, torturas, vejaciones y violaciones que tienen el carácter de delitos de lesa humanidad. El hecho de que existieran organizaciones armadas no otorga a lo sucedido el carácter de guerra.
Y sin embargo, la idea de que las violaciones son delitos de índole privada insiste, y ello por una serie de razones.

Así lo dice el código penal: es delito de índole privada y ligado al honor y la “honestidad”. De allí que sea tan difícil el tratamiento público del asunto. Tanto que a pesar de la frecuencia con que la violación de las mujeres ha estado asociada a la tortura y los crímenes de guerra, a los procedimientos realizados por el aparato represivo del estado contra los enemigos políticos, tal como sucedió en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay; el carácter político de la violación y su uso como forma de tortura parece borrarse una y otra vez.

No importa cuántas veces haya sucedido. Los marcos históricos, sociales y políticos se borran para colocar una y otra vez a la mujer aislada de cara a su violador, como si se tratara de un hecho individual, de un acontecimiento particular, de una noticia más en la crónica policial.

La violación de varones heterosexuales no merece siquiera mención. No sucede, nunca sucedió, de la misma manera que en la retórica escalofriante de Videla los detenidos-desaparecidos simplemente “no estaban, desaparecieron”. Si un varón fue violado se trataría de un homosexual, de alguien violable por ello, es decir, más de una mujer que de un varón.

En todos los casos, se dice, fueron excesos, errores, asuntos individuales, producto del deseo de algún agente accidentalmente violento, atentados contra la “honestidad” de las mujeres encarceladas, castigos merecidos para desviados, delitos de índole privada que proscriben, como bien se sabe.

La dificultad, pues, reside en comprender que esas violaciones -como muchas otras que se perpetran a diario- eran y son posibles porque existen relaciones sociales que las hacen culturalmente admisibles. Entonces, como forma de tortura sistemáticamente llevada a cabo en tanto parte de la estrategia de destrucción de los/las enemigos/as políticos secuestrados/as y arrojados/as a las mazmorras de la dictadura. Ahora, y durante siglos, como mecanismo eficaz de reclusión de las mujeres en espacios de circulación restringida.

La dificultad reside en intentar juzgar delitos de lesa humanidad con el Código Penal en la mano, persona por persona, testigo por testigo, tolerando que la biología otorgue a los genocidas alguna forma de la impunidad, permitiendo que la falta de pruebas exima de culpa a torturadores y genocidas, como si se tratara de crímenes individuales.

La dificultad reside en juzgar delitos sexuales según concepciones jurídicas que no asumen las consecuencias de la sexuación humana. El sujeto de derecho, como se sabe, es abstracto, neutral, y cuando es sexuado lo es en términos que aún hoy heredan los del Código Napoleónico de 1804, un par de siglos después: delitos contra la honestidad.

Es algo tan sencillo como esto: no se trata de que David, Silvia, Rosa, hayan confesado haber sido violados/as. Nada hay en este punto que confesar. Se trata de la denuncia de un delito que, por su carácter político, por haber sido perpetrado bajo la responsabilidad del Estado Nacional, constituye un delito de lesa humanidad.

La dificultad para comprender esto reside en una sociedad y un periodismo que buscan, aún en los crímenes cometidos por la dictadura militar y sus cómplices civiles, acontecimientos dignos de crónica policial amarilla o roja, individuos aislados, neutralidad política y sexual. Sordos a la palabra encarnada, a su contenido cuestionador, a su sostén social, a la voluntad de testimoniar en nombre de los nuestros, de traerlos al presente, tal como están en nuestras vidas nombrándolas/os, denunciando, resistiendo.

* La autora es Doctora en Filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo, investigadora del Consejo Nacional de Investigación Científicas y Técnicas (CONICET) y Directora del Instituto de Esdudios de Gñenero (IEDeGe) de la Universidad Nacional de Cuyo. También es militante de derechos humanos e integrante de la colectiva feminista Las juanas y las otras